Esta medida es un paso más para frenar la campaña internacional BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) que persigue la evacuación israelí de los territorios ocupados para crear un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica.
El arraigo de la campaña BDS ha crecido en Occidente en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades israelíes a impulsar medidas, dentro y fuera de Israel, contra las organizaciones, empresas, universidades o particulares que respaldan el BDS.
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La ley se aplicará a cualquier persona "que conscientemente haga llamamientos públicos al boicot de Israel" debido a la ocupación, y no solo se aplicará a quienes llamen al boicot general de Israel sino también a los que pidan el boicot de cualquier institución israelí o de "cualquier área bajo su control", es decir las colonias judías que son ilegales de acuerdo con la ley internacional.