El juzgado comunicó su decisión de dejar sin efecto el sobreseimiento provisional de la pieza, lo que supone "reaperturar la investigación de la causa".
Esta decisión se produce después de que el partido Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa presentaran escritos reclamando la reapertura de la causa.
El pasado mes de octubre, Correa aseguró haber repartido comisiones ilegales entre altos cargos del Partido Popular cada vez que una empresa suya (o de alguien para quien mediaba) conseguía los derechos para ejecutar una obra pública en administraciones dirigidas por representantes del partido conservador.
En su declaración, el empresario aseguró que "grandes constructoras como OHL, ACS y Dragados" recurrían a él para que hiciera las veces de mediador con el extesorero del Partido Popular, Luís Bárcenas, y que éste les consiguiera las adjudicaciones.
El Partido Popular está sentado en el banquillo de los acusados como responsable civil por haberse beneficiado supuestamente de 328.440 euros de dinero ilícito de la trama.
En cambio, el caso sobre la supuesta financiación ilegal, a pesar de estar estrechamente
relacionado con la trama, se investiga en una causa separada.
Dicho caso investiga la existencia de una contabilidad opaca entre 1990 y 2008, lo que se conoce como la "caja b" del Partido Popular o "los papeles de Bárcenas".
