Homs no podría ocupar cargos públicos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), según la petición del Fiscal.
El Ministerio Público considera que es "autor" o "subsidiariamente cooperador necesario del delito de prevaricación y de desobediencia".
Además de la inhabilitación pide una multa de 30.000 euros, que responde a 200 euros al día durante cinco meses, respectivamente.
El fiscal ha hecho pública sus conclusiones definitivas sobre el asunto durante la tercera y última sesión del juicio que acoge desde el pasado lunes el Tribunal Supremo contra el actual parlamentario del PDeCat.
La defensa de Homs, por su parte, ha pedido la absolución del exconseller de Presidencia.