"Fíjase audiencia para el día 16 de marzo del corriente a las 11 horas, a la cual deberán comparecer las sindicaturas actuantes y la concursada", señaló el tribunal, según la información que transmitieron fuentes judiciales a Sputnik.
La audiencia fue fijada después de que el Gobierno solicitara por escrito dejar sin efecto el acuerdo que había aceptado el Estado con la empresa en junio de 2016 para liquidar la deuda.
El Poder Ejecutivo se retractó de ese acuerdo después de la polémica que generó un dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que era parte del proceso de homologación del convenio.
En su presentación, la fiscal sostuvo que el pacto conllevaba "una quita velada del 98,82%" de la deuda.
La fiscal Boquín objetó que la deuda actualizada es de 70.000 millones de pesos (4.400 millones de dólares).
Correo Argentino replicó que, según la ley de Concursos y Quiebras, no se puede aplicar intereses a las deudas que se acumularon antes de que la empresa se declarara en concurso de acreedores.
El proceso "parece un capítulo más de un relato perverso cuyo único objetivo es asfixiar al Correo Argentino", señaló el presidente de la empresa, que hace parte del Grupo Macri y que no administra el servicio postal argentino desde 2003.
Reacciones penales
El presidente Macri compareció el viernes ante la prensa para anunciar el fin del acuerdo con la empresa de su padre, luego de que un fiscal imputara la semana pasada al mandatario junto a su ministro de Comunicaciones por el convenio.
La empresa dejó de abonar ese canon desde 1999, y dos años más tarde se declaró en concurso de acreedores, dejando impaga una deuda de 900 millones de dólares, de los cuales correspondían al Estado 296 millones.
El Correo Argentino volvió al Estado en 2003, pero la compañía de Franco Macri que lo administraba arrastró una deuda con el erario público durante los años sucesivos.
