El documento determina que se creen equipos de investigación bilaterales y multilaterales, aunque recuerda que el acuerdo al que llegó la empresa con la Justicia incluye una cláusula de confidencialidad.
Esta cláusula está vigente hasta el 1 de junio y afecta al contenido de las declaraciones de los 78 ex directivos que colaboraron con los investigadores, que por ahora no podrán estar a disposición de los fiscales interesados en otros países.
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El acuerdo fue firmado en Brasilia por el Procurador General de la República —el fiscal jefe de Brasil—, Rodrigo Janot; y sus homólogos de Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Ecuador, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Portugal.
En al menos cuatro de estos países –Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú—las ramificaciones de la trama corrupta destapada a raíz de la Operación Lava Jato ya están desembocando en la detención de presuntos implicados.
El caso más destacado es la orden de detención contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo, acusado de recibir cerca de 20 millones de dólares en sobornos ligados a la construcción de una carretera.