En Santa Fe la emergencia se extiende desde el 1 de enero hasta el 30 de junio debido a todas las actividades agropecuarias afectadas por los excesos de precipitaciones, anegamientos, desbordes de arroyos y cursos de agua.
En Córdoba se prorrogó la declaración hasta el 31 de marzo para las explotaciones agrícolas, ganaderas, tamberas (destinadas al ordeño de vacas) y apícolas que se han visto dañadas por inundaciones en diversas cuencas hidrográficas de la provincia.
En la jurisdicción de Río Negro la medida regirá durante seis meses, del 28 de diciembre de 2016 al 27 de junio.
También hasta el 30 de junio se declaró la misma disposición en Salta, donde varios departamentos han resultado afectados por heladas y sequías.
Además se ha declarado el estado de emergencia en varias localidades y municipios de la provincia de Buenos Aires, la más importante y poblada del país.
El 10 de julio de 2017 comienza en este distrito la fiscalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas.
Los productores deberán presentar un certificado para constatar que sus predios se encuentran afectados por cualquiera de las contingencias descritas.
El Congreso sancionó en 2009, durante el anterior Gobierno, la Ley de Emergencia Agropecuaria que establece los derechos a los que pueden acceder los productores que tengan zonas afectadas por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos.
