El fiscal también imputó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, responsables del cuestionado acuerdo de condonación de deuda.
Más: El caso de Correo Argentino complica al gobierno de Macri
Zoni actuó al hacer lugar a la denuncia penal presentada por la coalición opositora Frente para la Victoria (FpV) y por dirigentes del partido Nuevo Encuentro.
La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, había objetado el acuerdo que aceptó el Estado en junio de 2016 con la compañía que tuvo la concesión del servicio postal oficial.
Según la fiscal Boquín, cuyo dictamen era parte del proceso de homologación del acuerdo, el Estado aceptó "una quita velada del 98,82%" de la deuda, lo que "equivale a una condonación".
El fiscal Zoni señaló este martes que corresponde investigar el cambio de estrategia en la defensa del Estado, que rechazó en marzo de 2016 una oferta presentada por Correo Argentino y luego aceptó la de junio.
El Estado prestó conformidad "a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio", sostuvo Zoni.
"No debe soslayarse el extenso plazo que se ha devengado desde la verificación del crédito por parte del Estado, la manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores quirografarios (que tienen derecho sobre los patrimonios que posea la persona adeudada), la recategorización extemporánea y la reapertura del período de exclusividad cuando ya llevaba tres años y medio de vencido", añadió.
Reacción del gobierno
El jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, sostuvo en conferencia de prensa que el acuerdo con Correo Argentino era técnico y no político.
Además, el Poder Ejecutivo solicitará a la Auditoría General de la Nación que brinde un "veredicto técnico" al respecto, dijo Peña.
Pero el presidente de la Auditoría, Oscar Lamberto, contradijo a Peña horas después al afirmar que la entidad no intervendría, y que "no toma pedidos del Ejecutivo".
"Suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo", dijo Lamberto en declaraciones a Radio Ciudad.
El titular de la Auditoría añadió que para dar trámite a este conflicto el Gobierno puede recurrir a la Sindicatura General de la Nación.
El presidente Macri se encuentra imputado en otra causa que investiga su aparición en el directorio de sociedades opacas ubicadas en paraísos fiscales, de acuerdo a información revelada el año pasado por los papeles de Panamá.
