"El 3 de febrero llegó la policía a mi departamento, en el centro de Santiago, donde me entregaron un decreto de expulsión, que decía que yo había sido detectado participando de actividades antisistémicas", asegura el profesional que residía desde octubre pasado en la capital sudamericana.
Según esta ley de extranjería, aprobada en la dictadura de Augusto Pinochet en 1975 y aún vigente, la permanencia del italiano de 32 años en la nación es "un peligro para el Estado", por su vinculación con la "escena anarcoliberal", de acuerdo con el informe emitido por la Policía de Investigaciones (PDI) y firmado el 19 de enero por el intendente de Santiago, Claudio Orrego.
"Es una ley injusta, que hace parecer que Chile no está en democracia; no tienen miedo de usarla y debería darles vergüenza", aseguró Spairani.
"Mi tarea consistía en registrar en una cámara de vídeo las actividades sindicales, para luego editar lo que era mi producto final", asevera el también economista en el testimonio recopilado por su representante legal en Chile, Margarita Peña.
El excolaborador del periódico italiano Corriere dello Sport, manifiesta que aún desconoce el documento policial que lo relaciona con el anarquismo, además de los hechos que se le inculpan y motivaron este "urgente" exilio.
'Infiltrado' en los sindicatos chilenos
Gracias a su experiencia en huelgas o temas de corrupción, que documentó en su país de origen, el comunicador se adjudicó la beca que la Comunidad entrega a las zonas "más atrasadas económicamente", para potenciar el desarrollo de sus habitantes.
En su estadía conoció a otros dirigentes y se interesó por diversos conflictos sociales, además de participar en manifestaciones en apoyo a la causa mapuche o en contra del sistema de pensiones, entre otras.
"Yo creo que existe nerviosismo desde el Estado, por todas las protestas y manifestaciones; puede que tengan un poco de miedo", enfatiza, sorprendido por "la fuerza con la que lucha el pueblo mapuche" y su "resistencia ante la represión".
Defensa y acusaciones
De acuerdo a los testimonios recogidos por el medio local El Ciudadano, la decisión del Gobierno fue "sumamente arbitraria, de un régimen de la dictadura aún", dice René Sáez, secretario general de la gremial.
En esa línea, el abogado de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Rodolfo Noriega, presentó esta semana una acción judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Ejecutivo y la Policía, por esta gestión "ilegal" que perjudicó a Spairani.
"Se impuso una postura de orden macartista, donde se le atribuye a la migración y al proceso migratorio temas de delitos y seguridad pública", expresó el jurista peruano a esta agencia.
El defensor invalida la resolución de la Intendencia, porque "no especifica por qué (Spairani) es un peligro para el Estado, cuáles son los actos contrarios a los intereses de Chile o actividades antisistémicas en las que participó", aseveró.
"El discurso público protege y promueve los derechos fundamentales de los migrantes, pero en la práctica a la migración se le criminaliza y se le tilda de peligrosa", denunció.
Por su parte, el Gobierno alega en la Corte que su decisión cumple con la normativa jurídica vigente y que no coarta "la libertad ambulatoria o de desplazamiento" del afectado, amparándose en la Constitución y los tratados internacionales referidos a la migración.
A través de un escrito acusan que Spairani "nunca dio cuenta de su profesión o actividades en el país, ingresando en calidad de turista" y que no habría solicitado autorización para ejercer como becado, "lo que equivale a una infracción a la normativa".
