"Estas críticas revelan que a lo mejor no tienen los 14 millones de votos que siempre dicen tener y por ende algunos de sus partidos quedarán automáticamente ilegalizados, porque no tienen militantes, porque son partidos políticos de mentira, porque si no consiguen las firmas cómo se validan", señaló la especialista en temas electorales.
El CNE informó que el proceso de renovación se realizará a lo largo de 10 fines de semana, que iniciarán el 18 de este mes y culminarán el 23 de abril.
Además, ese organismo explicó que los 390 puntos que instalará el CNE solo trabajarán sábados y domingo por 7 horas.
Con esta medida el CNE está cumpliendo con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, indicó la abogada.
"Se trata de una interpretación que surge del artículo 67 de la Constitución en concordancia con las Ley de Sufragio y Participación Política", añadió.
Esta decisión establece que para considerarse la renovación automática de los partidos políticos, estos deben haber obtenido en las últimas tres elecciones el 1% del voto lista.
La oposición y el oficialismo se han presentado a elecciones a través de coaliciones, en las que se han representado todos bajo la MUD o el PSUV, por lo que no les alcanza el porcentaje para mantener como independientes a los partidos tradicionales que integran dichas alianzas.
De esta forma, pudieran quedar ilegalizados partidos de ambos bandos como: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT), por la MUD; y Tupamaros, Podemos, Redes y Patria Para Todos (PPT), del Gran Polo Patriótico (GPP).
Al respecto, la constitucionalista destaca que en Venezuela no existe la doble militancia.
"Esto quiere decir que si acuden a una elección utilizando los colores y la tarjeta de otro partido político pierden su identidad; la ley dice que para poder validar, esos partidos políticos necesariamente tienen que acudir a lo que se conoce como una renovación de la base de los partidos políticos", agregó.
Sin embargo, recuerda que sobre la MUD pesa una acusación por fraude electoral "y si prospera, esa coalición quedaría ilegalizada".
La denuncia que pesa contra la MUD la formalizó el PSUV en junio, luego de la recolección de firmas para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
En ese proceso fueron detectadas firmas irregulares, entre ellas unas 10.000 personas fallecidas y más de 1.600 privados de libertad.