"El expresidente del Gobierno catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación, Irene Rigau, serán juzgados por una causa que jamás debió llegar a los tribunales", afirmó el jefe del Ejecutivo catalán.
En ese proceso, que antes de su celebración fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
Según opinó Puigdemont, un país que es capaz de llevar a cabo un proceso participativo como el del 9-N demuestra tener "una democracia más sana" que aquella capaz de "enviar líderes políticos a juicio".
"Hoy muchos nos sentimos juzgados", aseguró Puigdemont, antes de señalar que "los responsables de la judicialización de las reivindicaciones políticas" se enfrentarán durante este proceso judicial a "una nación que mantiene su dignidad".
El 9 de noviembre de 2014 fue, en opinión del actual jefe del Gobierno autonómico catalán, un día de "alegría" y "fortalecimiento democrático" para "una nación que obtuvo una victoria merecida".