Colombia fortalece controles fronterizos sin endurecer política migratoria

"El Gobierno Nacional, en coordinación con los gobiernos locales, ha hecho importantes esfuerzos para avanzar en una Política Nacional de Fronteras, reforzando el contenido del Plan de Desarrollo Nacional y sus líneas de acción, pero es evidente que las instituciones en zonas de frontera requieren un fortalecimiento", señala el informe conjunto.

Según datos publicados en el estudio, entre 2014 y 2015 la inmigración ilegal que llega a Colombia se incrementó en un 288%.

El aumento, no obstante, no ha derivado en un endurecimiento de la política migratoria, sino en fortalecer los controles fronterizos y al mismo tiempo implementar políticas que garanticen las necesidades básicas de quienes llegan a territorio colombiano.

Dicho fortalecimiento, advirtió el documento, busca "la implementación de políticas y programas que garanticen el acceso a derechos fundamentales, la superación de la pobreza extrema y la satisfacción de necesidades básicas" de quienes habitan en zonas de frontera.

Asimismo, la Acnur (Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados) y la Defensoría del Pueblo destacan en el trabajo que el Gobierno de Colombia ha estado evaluando controlar de manera conjunta los pasos fronterizos con los países limítrofes: Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

Según Acnur y la Defensoría, las fronteras de Colombia son tan porosas que a lo largo de sus 6.000 kilómetros de extensión se hallan "víctimas del desplazamiento interno, colombianos expulsados de otro país, población involucrada en trata o tráfico de personas, extranjeros con necesidad de protección internacional y colombianos en movilidad por desastres o degradación ambiental".

El informe reveló, asimismo, que la frontera con Panamá es una de las más difíciles de controlar, y en ella se encuentran "siembra de minas antipersonal, reclutamiento de indígenas y desplazamiento forzado", al tiempo que constituye uno de los mayores corredores de inmigrantes ilegales con rumbo a Centroamérica.

Solamente entre comienzos de mayo y mediados de junio pasados, 1.107 migrantes irregulares fueron detectados en Turbo y Capurganá —una playa próxima a Panamá—, y de estos, un 50% eran de Haití y un 15% de Cuba, mientras que el resto eran africanos (26%) y asiáticos (9%).

En la frontera con Ecuador, además de existir pobreza estructural, la Acnur y la Defensoría hallaron también "cultivos de coca, colombianos deportados, migrantes deportados e indígenas víctimas de desplazamiento forzado".

Por su parte, en la frontera con Perú se presenta tala y tráfico ilegal de madera, minería ilegal, dificultades en agricultura y falta de saneamiento básico para la población, y en la línea fronteriza con Venezuela se hallaron problemas como desnutrición extrema de su habitantes hasta violación de derechos humanos por parte de la Guardia Venezolana en el sector de Norte de Santander (nordeste).

Finalmente, la Acnur y la Defensoría le recomendaron al Gobierno colombiano reforzar el marco legal para proteger a los migrantes en las zonas de frontera, ya que el país se ha transformado en un receptor de personas "con necesidades de protección internacional, que quieren solicitar refugio o asilo".