"Las conversaciones telefónicas que realizan las personas son privadas y reservadas", dijo Beraldi.
En primer lugar, se llevó a cabo "una intervención telefónica indebida" que viola el artículo 153 del Código Penal, sostuvo Beraldi.
"Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido", reza el mencionado artículo.
Aunque "habría una orden judicial de escucha telefónica", la investigación en relación al empresario Pérez Corradi y Parrilli era reservada y no estaba relacionada "con lo que se está divulgando en esa conversación, que es privada, aparentemente entre la expresidenta de la Nación y Parrilli, y que nada tiene que ver con Pérez Corradi", afirmó Beraldi.
"Como además existen funcionarios públicos que aparentemente intervienen en esta conversación, eso conlleva otro delito, el de violación y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal", siguió enumerando el abogado.
Tras afirmar que "esto será objeto de alguna investigación judicial", y consultado sobre quiénes estarían detrás de la difusión del audio, el abogado matizó que no podía "hacer conjeturas de momento".
Denunciar estos hechos ante la justicia será "una decisión que tomará la expresidenta, (quien) todavía no me comunicó nada al respecto", añadió Beraldi.
La conversación grabada
En su diálogo con Parrilli, la entonces presidenta dice: "Empezá a buscar todas las causas que le armamos… no que le armamos, que denunciamos a Stiuso".
En base a esa conversación, el fiscal Guillermo Marijuán acusó a la expresidenta de cometer los delitos de falsa denuncia, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, por "la afirmación, aún con la retractación, de que se habrían armado causas penales contra Antonio Horacio Stiuso", según consta en su dictamen del viernes.
La denuncia de Marijuán recayó este lunes en el juez federal Sebastián Casanello.