Los detenidos bajo prisión administrativa no tienen derecho a comparecer ante los jueces militares y se hallan en un limbo jurídico puesto que ni siquiera conocen por qué han sido detenidos.
En la actualidad alrededor de 700 palestinos se hallan en esta situación, según han informado varias organizaciones no gubernamentales israelíes.
La medida se aprobó durante una reunión del gabinete de seguridad que convocó el primer ministro Benjamín Netanyahu poco después del ataque que hoy costó la vida a cuatro soldados en el sector ocupado de Jerusalén.
Sin embargo, un hermano del atacante declaró que Fadi no acostumbraba a meterse en política y no militaba en Hamás, "aunque solía rezar".
El gabinete también decidió destruir la vivienda de la familia del atacante tan pronto como sea posible.
Asimismo, desestimó todas las peticiones de reunificación familiar de la familia Qanbar con familiares de la Franja de Gaza y Cisjordania, y decidió no entregar el cadáver a su familia para que proceda a su entierro.
