"A nuestros migrantes, la Patria les debe mucho y esta ley es una señal, un paso firme para reconocerles sus derechos", dijo la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, durante el segundo y definitivo debate de la normativa que fue transmitido en directo por el legislativo.
El documento reconoce que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que nadie será ilegal por su condición migratoria.
La normativa, por su parte, regula el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas en movilidad humana, entre otros aspectos norma el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en movilidad desde o hacia el territorio ecuatoriano.
Asimismo, establece los requisitos para la obtención de una condición migratoria temporal o permanente y para la naturalización de personas extranjeras y determina las competencias en materia de movilidad humana de las instituciones.
Para los migrantes retornados al país la ley también incluye un articulado en el que se garantiza su inclusión social y económica, la homologación, convalidación y reconocimiento de estudios en el exterior, la inserción educativa, y el reconocimiento de competencias laborales.
Además, se les facilita el acceso al sistema financiero, pensión jubilar, extensión o reducción de aranceles para la importación de menaje de casa, equipo de trabajo y vehículo.
María Clara Martin, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Ecuador, señaló días atrás que el documento es "una ley única, por su integralidad y carácter garantista" y porque además "otorga un tratamiento igualitario a los ciudadanos extranjeros".
La Asamblea aprobó la ley por unanimidad, con 88 votos afirmativos, y es la primera que el parlamento aprueba este año y la número 60 en este período legislativo que inició en 2013.