"Estas pensiones de hasta casi cinco millones de pesos (unos 7.462 dólares) son capaces de destruir todo el sistema, por tanto los mismos beneficiarios y quienes las calculan debiesen ser los primeros interesados en que estos casos de abusos sean revisados", afirmó el diputado a raíz de las anomalías reportadas dentro de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
Soto, presidente de la comisión investigadora que estudia el caso, señaló que existen "graves discrepancias" entre la base imposible y el cálculo utilizado para asignar estas pensiones a civiles, que superan el tope de 2.359 dólares correspondiente.
Según la información entregada por el militante del Partido Socialista, las asignaciones que están en tela de juicio son las de los exdirectivos de Capredena, Luis Jara Lepe, Juan Vargas Cordero, Carlos Fuentes Gajardo y Patricia Ewing Pinochet, quienes reciben pensiones que van desde los 2,8 millones de pesos (unos 4.179 dólares) a los casi 5 millones de pesos (7.462 dólares).
Esta última, es hermana del exjefe del Estado Mayor del Ejército y exagente del dictador Augusto Pinochet, Alfredo Ewing.
El parlamentario estimó que estas cuatro pensiones en cuestión estarían produciendo mermas al Fisco por sobre los 100 millones de pesos (unos 150 mil dólares) anuales, puesto que se comenzaron a entregar entre los años 2007 y 2011, lo que a la fecha suma unos 750 millones de pesos (alrededor de 1,1 millones de dólares).
Asimismo, no descartó iniciar acciones penales tras la revisión de la Contraloría e indicó que "si ha habido colusión entre los que elaboran la pensión y los que la reciben, sin duda, hay un delito".
El pasado julio, se confirmó que once exfuncionarios de Gendarmería recibían pensiones millonarias, entre ellos, la exesposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade.
En dicha oportunidad, la Contraloría ordenó inhabilitar la entrega de esas once jubilaciones irregulares, sin embargo, esta resolución aún no se hace efectiva.
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En Chile, hace algunos años se instaló el debate que cuestiona el sistema previsional que agrupa a las ramas de las Fuerzas Armadas, ya que se critica que estos exfuncionarios estarían recibiendo jubilaciones "demasiado altas", mientras la sociedad civil, que debe acogerse por ley a las instituciones de previsión privadas, recibe pensiones "de hambre".
