"Media sanción al proyecto de ley impuesto a las ganancias", informó la cámara baja en su cuenta oficial de Twitter.
Éste ha sido uno de los principales reveses que ha sufrido el Gobierno de Mauricio Macri en terreno legislativo, a tres días de cumplir su primer aniversario de gestión.
El mandatario, que durante la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2015 había prometido modificar este gravamen al salario, pospuso a 2017 el debate sobre esta medida.
De cara a la sesión extraordinaria que se celebraba el martes en la cámara de diputados, los partidos opositores se unieron para frenar la iniciativa del Gobierno y para consensuar su propio proyecto, lo que consiguieron después de horas de negociaciones.
Los principales bloques peronistas, el Frente para la Victoria (FpV) y el Frente Renovador (segunda y tercera fuerza de la Cámara por detrás del oficialismo), pactaron junto a otros once partidos una reforma por la que no pagan tributo los sueldos por debajo de los 33.500 pesos brutos para trabajadores solteros (2.130 dólares), y de 44.000 pesos brutos para casados con dos hijos (2.800 dólares).
Como principales novedades, la iniciativa obliga a pagar ganancias a los jueces, hasta ahora exentos y las pagas extra (denominado aguinaldo), por el contrario, no serán alcanzadas por este impuesto.
"Todo el año demostramos una enorme responsabilidad y voluntad de ayudar al Gobierno, pero en este tema, no quiso de ninguna manera facilitar o habilitar una negociación", indicó en radio La Red uno de los principales promotores de la medida, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
Desde el oficialismo, el diputado Luciano Laspina fustigó a los diputados opositores que formaron parte de la anterior gestión.
"Se quieren llevar por delante al Gobierno nacional generando una reforma y desfinanciamiento de las provincias y el Ejecutivo Nacional que ustedes no hicieron en 12 años", acusó.
La propuesta será girada ahora al Senado, cuyos legisladores, que representan a las distintas provincias del país, responden en muchos casos a los gobernadores de esos distritos, los cuales tienen hasta ahora una buena relación con el presidente.
De ser sancionado en la cámara alta, el proyecto constituiría la segunda derrota legislativa del Gobierno en lo que va de año, después de que los bloques opositores consiguieran en mayo sancionar una ley antidespidos que después fue vetada por el presidente Macri.
