El propio presidente reconoció el carácter "sin precedentes" de esta vista pública prevista de prolongarse durante las próximas cuatro jornadas.
Neuberger impuso restricciones sobre la publicación de datos personales de los demandantes originales, que están en la diana de duros ataques verbales en las redes sociales y en los diarios populares pro-Brexit.
"Individuos han sido amenazados con actos de grave violencia y desagradables comentarios por ejercitar su derecho de acceder a la Justicia", declaró el presidente del panel de jueces en la apertura del proceso.
Lord Neuberger advirtió que hay "poderes legales para asegurar" que la apelación siga su debido curso sin amenazas exteriores.
Los once más altos magistrados de Reino Unido deberán decidir si la autoridad para invocar el artículo 50 del Tratado Europeo, que activa el mecanismo Brexit, recae en exclusiva en el Gobierno del país.
El ministro del #Brexit asegura en Madrid que la decisión de abandonar la #UE es definitiva https://t.co/VQUt65bfgG pic.twitter.com/7rDuwXlN6C
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 3 декабря 2016 г.
El recurso fue interpuesto por el Ejecutivo de Theresa May tras la decisión contraria a su posición emitida por tres jueces del Tribunal Superior el pasado 3 de noviembre.
La sentencia de la corte inferior fuerza al Ejecutivo a recabar la autorización del Parlamento británico antes de invocar dicho artículo 50.
"El poderoso principio constitucional de que la Corona (el Gobierno en la práctica) no tiene poder de alterar la ley de la tierra utilizando potestades prerrogativas es el producto de una tradicional constitucional especialmente fuerte en Reino Unido", dicta la sentencia.
El Ejecutivo conservador se ampara por el contrario en la larga tradición de estos arcaicos poderes monárquicos para evadir someter la cuestión del arranque del Brexit al voto de los diputados.
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El pleito fue iniciado por ciudadanos sin aparentes conexiones políticas —la economista Gina Miller y el peluquero Deis Dos Santos, entre otros— y está parcialmente financiado con fondos recogidos en campañas populares.
La sentencia del Supremo se espera a principios de 2017.
