En un comunicado, Calheiros dijo recibir "con tranquilidad" la decisión del Supremo, al remarcar que el debate que se produjo entre los magistrados evidenció "división y dudas" en cuanto a la consistencia de los indicios que dice tener el Ministerio Público.
El presidente del Senado está acusado de utilizar parte del dinero que la institución le asigna para realizar pagos a una empresa de alquiler de vehículos que emitía facturas fraudulentas.
Estas facturas falsas servirían a Calheiros para demostrar que tenía dinero suficiente para mantener la paga de 16.500 reales mensuales (4.700 dólares) a su exmujer Mônica Veloso entre 2004 y 2006.
La Procuradoría General de la República (PGR) acusó en su momento a Calheiros de desvío de dinero público al no encontrar facturas que comprobaran la entrada y salida de valores, lo que probaría que la prestación de servicios no ocurrió.
"En la instrucción el senador probará, como ya probó, con documentos validados, su inocencia en cuanto a la única denuncia aceptada (…) los servicios fueron prestados y pagados en especie, lo cual es legal", asegura.
En la nota Calheiros también carga contra el Ministerio Público por "lo que no hizo" durante los nueve años en que lleva abierto el proceso y contra el Supremo, por obligarle a responder públicamente durante casi una década por un delito "inexistente.
"La decisión del Supremo, al aceptar parcialmente la denuncia también ayuda a expandir inverdades que perduraron durante años y se fueron transformando, entre ellas la de corrupción, de que el Senador recurrió a una empresa para pagar sus gastos", lamentan sus portavoces.
Es la primera vez que Calheiros es imputado en una acción penal, a pesar de que el Supremo le investiga en otras 11 causas relacionadas con delitos de corrupción derivados de la Operación Lava Jato y la Operación Zelotes.
