La magistrada de la Corte, María Victoria Calle, presentó una ponencia según la cual el mecanismo legislativo para implementar el Acuerdo sólo se puede iniciar después de una refrendación popular.
Sin embargo, la ponencia de la magistrada Calle agregó una cuota de incertidumbre, pues la exigencia de hacer un nuevo plebiscito demoraría las reformas constitucionales para permitir la participación política de los dirigentes de las FARC y la creación de la Justicia Especial de Paz (JEP).
"La Corte tiene que resolver dos cosas: si el procedimiento especial de implementación se ajusta a la Constitución y si la activación de este mecanismo requiere de la participación ciudadana", explicó a Sputnik David Rodriguez, constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
"Colombia está en una coyuntura difícil", porque se acerca el final del período presidencial de Santos, y por eso es importante que la implementación de los acuerdos empiece de inmediato.
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La validación del Legislativo es posible, porque "los ciudadanos se expresan a través de sus representantes", opinó Rodríguez. Sin embargo, otros creen que refrendación popular "significa que los ciudadanos concurran a las urnas, algo así como democracia directa".
Para el experto, el término refrendación implica "que pueda ser llevado a cabo por el Congreso o por un cabildo abierto", pero como la redacción del artículo es ambigua, corresponderá a la Corte la última palabra.
