"La tensión es permanente entre esa pretensión de justicia por un lado, lograr consolidar la justicia, y por otro lado lograr consolidar la paz", señaló Gómez, director del Centro de Estudios Jurídicos de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT en la ciudad de Medellín.
El experto destacó el rol de la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer un "límite" por el que no será posible que las partes involucradas no respondan a las "graves" violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto en Colombia.
"La Corte jugó un papel central en Colombia, porque sus aspiraciones de generar justicia ante esas graves violaciones se ha convertido en un límite a las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros", explicó Gómez, máster en estudios jurídicos internacionales por la American University de Washington.
Para el abogado, el "gran avance" de estas negociaciones entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es que el límite impuesto por la CPI ya forma parte del acuerdo de paz.
"Sin ser necesario que ella (la CPI) actúe sobre Colombia, las partes en conflicto conocen y reconocen que esos son los límites infranqueables de la justicia internacional", destacó Gómez.
Por tratarse de un acuerdo alcanzado bajo la vigencia del Estatuto de Roma, ambas partes saben "qué pueden negociar y qué no".
Ahora, en cambio, las partes reconocen que hay un derecho internacional que no pueden ignorar y que tienen que someterse a él.
"Ya no (una) amnistía total e incondicional, sino una amnistía condicionada donde sí habrá responsabilidad por los más graves delitos", observó Gómez.
Actualmente se estudia la vía mediante la cual se refrendará este nuevo acuerdo: si a través de un nuevo plebiscito o por medio del Congreso legislativo.
La CPI, con sede en La Haya, es la primera corte internacional criminal que persigue y juzga casos de crímenes contra la humanidad, como genocidio y delitos de guerra.
Establecida en 1998, la CPI es un organismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que solo tiene jurisdicción sobre los crímenes internacionales cometidos en territorios de los estados parte que la integran.
