Fernández de Kirchner solicitó "con la mayor premura" que se realice el juicio oral por un "tribunal imparcial", indicaron las fuentes.
"Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, con el propósito de esclarecer los hechos investigados de manera pública y ante una instancia judicial imparcial, requiero que se arbitren las medidas procesales pertinentes a fin de que la presente causa sea elevada a la etapa oral, con la mayor premura", señala la presentación que la defensa de la exmandataria entregó a Bonadío.
El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, aclaró que desistía "de interponer cualquier tipo de vía impugnativa en contra de la decisión adoptada por la Sala II de la Cámara del fuero el día viernes 11 de noviembre del corriente año así como también de ejercitar el derecho de oponerme o plantear excepciones en contra de una eventual requisitoria de elevación a juicio".
La sala II de este tribunal confirmó además el procesamiento de otras 14 personas, incluyendo al exministro de Economía Axel Kicillof y al expresidente del Banco Central durante el anterior Gobierno, Alejandro Vanoli, y un embargo sobre los bienes de los procesados de hasta un total de 15 millones de pesos (un millón de dólares).
La propia Cámara Criminal y Correccional señaló en su fallo que el caso por las operaciones de venta de dólar a futuro que realizó el Banco Central durante la gestión anterior debe ir a un rápido juicio oral "donde se deba discutir con mayor profundidad las maniobras investigadas en la causa".
El magistrado Bonadío y los camaristas de la sala II no han juzgado con la imparcialidad que corresponde este caso, según la defensa de la exmandataria.
Cuando el representante del Ministerio Público Fiscal solicite la elevación a juicio de la causa, Bonadío podrá aceptar el pedido para que un tribunal oral juzgue los hechos.
La expresidenta, quien dejó el Gobierno en diciembre de 2015, está imputada en otras tres causas.
En dos de ellas se investigan presuntas irregularidades que se cometieron a través de la empresa hotelera Hotesur y la sociedad inmobiliaria Los Sauces, ambas propiedades de la familia Kirchner.
En la tercera, se investiga a Fernández de Kirchner por las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz que fueron adjudicadas al empresario detenido Lázaro Báez durante su gestión y en la de su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).