En los últimos meses hubo "intentos por negar el genocidio" de la dictadura, "reinstalar la teoría de los dos demonios y desprestigiar la lucha de los organismos de derechos humanos", advirtieron las entidades en alusión al Gobierno de Mauricio Macri.
"Abierta o solapadamente, se trata de relativizar los crímenes aberrantes del terrorismo de Estado y poner en cuestión la lucha de los organismos" de derechos humanos, denunciaron.
Hace más de 40 años, "el terrorismo de Estado puso en marcha un plan sistemático de aniquilamiento de trabajadores/as, estudiantes y militantes revolucionarios, que sentó las bases de una Argentina para pocos, injusta y desigual", añade el comunicado.
"Secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, centros clandestinos de detención desplegados por todo el territorio, maternidades clandestinas, robo de bebés, vuelos de la muerte, cuerpos desaparecidos a sus familiares: estos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en nuestro país y de algún modo siguen ocurriendo", sentenciaron.
Eso sucede "porque los perpetradores ocultaron sus crímenes, los negaron y todavía hoy persisten en su silencio, y porque la dictadura cívico-militar no solo exterminó a miles de personas, sino que también aniquiló derechos, buscó destruir los lazos solidarios y a las organizaciones", añadieron en su comunicado.
Guerra de cifras
El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de Argentina, dependiente del Ministerio de Justicia, informó esta semana que de acuerdo a sus cifras, 7.010 personas fueron desaparecidas y 1.561 asesinadas desde 1973, cuando estalló la violencia política y hasta el fin de la dictadura.
Las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, según el organismo, fueron 5.536 y las víctimas de asesinato, 952.
El número de víctimas contabilizadas, según el estudio, incluye las denuncias válidas que se presentaron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el primer presidente democrático tras el régimen militar, Raúl Alfonsín (1983-1989) para conocer la envergadura que adquirieron estos crímenes durante el terrorismo de Estado.
Aunque la Secretaría de Derechos Humanos aclaró que este informe no era definitivo y que no invalida la cifra de 30.000 desaparecidos, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reaccionó con dureza, calificándolo como "una provocación y una persecución muy desagradable".
El Gobierno emprendió una campaña para disminuir la labor de las organizaciones de derechos humanos y hacerlas "quedar como mentirosas", acusó Carlotto.
El ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, tuvo que renunciar en julio a su cargo tras cuestionar que los desaparecidos fueran 30.000, una cifra largamente instalada en las denuncias de las organizaciones de derechos humanos.
Renuente a discutir el asunto, el presidente Macri afirmó en agosto que no tenía "idea" sobre la cifra precisa de víctimas.
Abuelas de Plaza de Mayo todavía busca a más de 300 niños cuyas madres los dieron a luz en cautiverio.
