"Quiero decir que el caso Duarte es uno de los asuntos más relevantes que se están llevando ahorita en el Sistema Penal Acusatorio", dijo la Procuradora General de la República (PGR, fiscal federal) en un mensaje a los medios, rodeada por el organismo de seguridad en pleno.
"El juez, después de un análisis y de haber escuchado al Ministerio Público y a los fiscales –dijo–, decidió librar la orden de aprehensión" en contra del gobernador que solicitó una licencia la semana pasada al congreso local para dejar el cargo poco más de un mes antes de fin de su mandato de seis años, para enfrentar los cargos, pero se esfumó.
La PGR empezó a realizar la investigación para ver si se podía vincular al exgobernador con algún ilícito, y a partir de ese momento, "con la certeza de que se tenía una orden de aprehensión emitida por el Poder Judicial competente", empezó a trabajar para ubicar a Duarte.
"Asumimos siempre una presunción de inocencia y, por lo mismo, de esa manera se está trabajando, y el Gabinete de Seguridad, en coordinación, estamos trabajando para una posible ubicación", dijo la alta funcionaria federal.
Duarte enfrenta señalamientos del gobernador electo que asumirá el cargo, Miguel Angel Yunes –quien ganó al frente de una coalición de centroderecha y centroizquierda– por la malversación de 50.000 millones de pesos de fondos públicos (unos 2.500 millones de dólares).
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No obstante, la primera orden judicial de arresto es solo por una red de empresarios y prestanombres para desviar 500 millones de pesos (más de 25 millones de dólares) para comprar terrenos y propiedades en México y EEUU.
Un día después de la emisión de una orden judicial de aprehensión por desvío de fondos públicos, "hoy no tenemos claridad de su paradero", dijo horas antes el secretario de Gobernación, sin embargo, "no defendemos a nadie", acotó el funcionario de más alto cargo en el Gobierno, después del presidente Enrique Peña Nieto.
