Las resoluciones a las que se refiere el Gobierno son cinco, una referente al "amparo legal y garantías" del referéndum y otras cuatro sobre el "proceso constituyente" de la República Catalana que las fuerzas independentistas aspiran a crear.
Según comunicó Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo planteará un incidente de ejecución de sentencia como el que presentó hace unos meses contra otra resolución, que abogaba por iniciar los trámites para la desconexión con España.
Los argumentos del Gobierno vuelven a ser los mismos que entonces: la cámara catalana desobedece las sentencias previas del Tribunal Constitucional en las que se señala que no cabe debate parlamentario posible sobre asuntos que sobrepasen las atribuciones otorgadas a las instituciones autonómicas en la Carta Magna.
Soraya Sáenz de Santamaría aludió directamente a la presidenta el Parlamento de Cataluña, Carme Forcadel, a la que instó a "abstenerse de realizar cualquier actuación para dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas".
Tanto el independentismo catalán como algunos partidos políticos favorables a reconocer el derecho a decidir han rechazado en múltiples ocasiones durante las últimas semanas la estrategia del Gobierno del conservador Mariano Rajoy de judicializar el conflicto territorial con Cataluña.
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En opinión de estos sectores, las actuaciones del Gobierno central no hacen más que ahondar en la fractura y mitigar las opciones de que ambas partes lleguen a algún tipo de entendimiento.