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Denuncian ante la ONU el caso de un indígena asesinado en Argentina hace 7 años

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El 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural en Argentina, se cumplieron siete años del asesinato del líder de una comunidad indígena al norte del país, Javier Chocobar, a manos de un empresario local que reclamaba la propiedad de la tierra. El crimen todavía no ha sido juzgado.

Un vídeo que circula por internet muestra una discusión entre tres miembros de una comunidad indígena que habitaba las tierras en disputa judicial y un hombre que saca un arma, dispara al piso y enseguida empieza a golpear a otro. Las imágenes siguientes, que parecen haber sido grabadas a través de un celular, descienden hacia el suelo en constante movimiento sin que el espectador pueda entender lo que pasa. A continuación se escucha el sonido de nuevos disparos. Era el 12 de octubre de 2009. El ataque resultó en la muerte de Chocobar a los 68 años. Los responsables todavía no fueron juzgados.

"Su caso es paradigmático porque muestra claramente los hechos y están las pruebas que identifican al autor del disparo", relató a Sputnik Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina. Junto con la Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), ambas organizaciones presentaron el caso a los letrados especiales de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias para que exhorten a Argentina a concluir el juicio.

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De acuerdo con un comunicado emitido por las dos organizaciones, la Fiscalía "determinó que los imputados tuvieron una participación activa y premeditada al concurrir fuertemente armados y con total impunidad efectuando disparos". Los imputados son el empresario Darío Amín y dos expolicías que lo acompañaban: Humberto Gómez y José Valdivieso. Durante el episodio, otros tres indígenas resultaron heridos, entre ellos el actual cacique de la comunidad Chuschagasta, Andrés Mamaní.

"[El caso] está parado desde mediados del año pasado. Es cierto que las estrategias judiciales de la defensa han ido entorpeciendo la causa con solicitudes de revocamiento. Pero ya se ha concluido toda esa parte y hoy no hay motivo para que no se convoque un juicio oral, que es el paso previo para que se determine la responsabilidad y eventual condena", explicó García. En su opinión, la demora "responde a las lógicas que ocurren en esos casos, que claramente reflejan los intereses económicos y políticos".

Según la activista, cuando la situación es al revés, es decir, cuando los indígenas son acusados de alguna agresión, "hay toda una persecución judicial". Un estudio de Amnistía Internacional Argentina señala que en 2015 hubo 183 conflictos territoriales que afectaron a pueblos indígenas, mientras que este año la cifra supera 200, indicó García.

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