Los oficiales sometieron su petición contra la administración Obama a la juez federal del distrito Sherman, en Texas, según el medio.
De acuerdo con la controvertida ley, que entrará en vigor el 1 de diciembre, los empleadores deberán pagar horas extras a cualquier trabajador que devengue menos de 47.500 dólares al año, el doble del umbral actual de 23.600 dólares, lo que implica que más asalariados quedarán bajo el paragua de esta ley y las empresas tendrán que gastar más en sueldos.
Los críticos consideran que la ley se convertirá en un obstáculo en el camino de desarrollo del negocio norteamericano.
Ken Paxton, el Fiscal General de Texas y unos de los principales defensores de la petición, afirmó que "Obama otra vez pretende reescribir la ley por sí mismo. Y esta vez, puede provocar terribles consecuencias a nuestra economía".
Según varias estipulaciones, la ley favorecerá a 4 millones de trabajadores.
