La cuestionada reducción de fondos públicos fue aplicada en el proyecto de presupuesto de gastos de la federación mexicana para 2017, recién enviado por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso, para su aprobación en diciembre, con un drástico recorte al gasto, orientado a lograr un superávit fiscal, por primera vez desde 2008.
Ese despacho federal estratégico ha sido afectado por una forzada austeridad: "tiene una función preventiva para la capacitación de funcionarios, emitir normas y manuales de procedimientos trasparentes para que todas las secretarías de la federación mexicana ejerzan buenas prácticas, con base en resultados".
En una palabra, es un nodo vital de la función pública para disminuir la corrupción, arraigada en la cultura política y ciudadana del país latinoamericano.
La crítica de los expertos al magro presupuesto federal anticorrupción "no pretende etiquetar el monto de recursos para las nuevas instituciones, pero en general su limitación no ayuda, ni es un buen mensaje limitar los muy necesarios recursos".
Los investigadores del MCCI ya esperaban medidas de austeridad en el presupuesto, en tiempos de vacas flacas por los bajos precios del petróleo, la depreciación del peso ante el dólar, y críticas al endeudamiento público que se elevó en cuatro años, que ya es casi la mitad del Producto Interno Bruto (48% del PIB).
"En términos realistas sabíamos que el gasto público sería restringido; pero si se trata de la reforma constitucional más importante y un cambio institucional urgente, la baja asignación de los recursos federales no lo refleja", dijo De Luna.
En realidad, proyecta todo lo contrario.
Los números de la corrupción
En México no existe un consenso sobre el costo monetario de la corrupción sobre la vida pública nacional, mientras que senadores lo calculan como el 10% del gasto público, es decir de 20.000 a 25.000 millones de dólares, otros organismos lo calculan como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
"Las estimaciones no han logrado consolidarse con precisión entre los expertos, y las cifras oscilan desde el 2 al 10% del PIB, un dato muy elusivo e invisible; pero aún considerando el límite inferior, del 2% del PIB, se trata de cifras enormes derramadas", dice la experta.
Junto con el cálculo del impacto de la corrupción en la economía nacional, existe un costo en la dimensión cotidiana, cultural y social: "Es un problema muy complejo que va más allá de las instituciones políticas; y tiene que ver con las instituciones sociales —añade—, por eso es lamentable que el liderazgo nacional no envíe mensajes claros a los ciudadanos sobre su prioridad".
En México, desde hace décadas, "tenemos internalizadas conductas que contribuyen a la reproducción de la corrupción, y para revertirlos no se puede perder la oportunidad para que los responsables del Estado se sumen a su combate".
La estrategia ciudadana no solo practica la investigación especial aplicada, sino diseña propuestas e investigación periodística; difusión de casos emblemáticos como la llamada 'Casa Blanca' de la primera dama, Angélica Rivera —construida y financiada por un contratista del Gobierno—; practica el litigio estratégico de casos ejemplares, el análisis con diferentes enfoques sumados, y se inserta en las instituciones globales contra ese flagelo, como la ONU, explica la investigadora.
El recorte
De acuerdo con MCCI, el proyecto de presupuesto federal no contempla recursos para dos nuevas instituciones básicos del recién aprobado SNA: la secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, además de recortes en dos instituciones clave para inhibir y sancionar la corrupción.
El Gobierno de Peña Nieto ha enviado esta vez el presupuesto más bajo asignado a la Secretaría de la Función Pública para el año 2017, que recibirá un 6,2% menos que en el 2016.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, responsable de sancionar faltas administrativas graves, apenas recibe un 3,5% más.
En suma, las cinco instituciones clave del SNA recibirán, en términos reales, un 2,2% más de recursos que en el 2016, un incremento insuficiente para lograr los enormes objetivos impuestos por una manida reforma anticorrupción.