"Nosotros no pedimos aquí un carné político para que la persona sea atendida; los atendemos a todos", señaló el 'ombudsman'.
Saab cuestionó que algunos medios de comunicación ignoren la situación de miles de privados de libertad que están en condiciones de hacinamiento o padeciendo por el retardo procesal penal en Venezuela.
"En las estaciones de policía donde hay 33.000 privados de libertad invisibilizados, olvidados, despreciados, ellos no tienen una plataforma mediática que los apoye, y todos esos casos los vamos atendiendo y direccionando, como el caso del ciudadano Leopoldo López o cualquier otro que está en peores condiciones que él", indicó.
Denuncian ante la #ONU persecución a opositor detenido en #Venezuela https://t.co/sSgrpT2QqK pic.twitter.com/LT2e6hsbvd
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 29 de agosto de 2016
Saab se refería al dirigente opositor López, quien se encuentra cumpliendo una condena de casi 14 años por instigación a la violencia en las manifestaciones de febrero de 2014 contra el Gobierno y cuyo caso ha sido atendido también por el 'ombudsman'.
En su opinión, este es uno de los principales aspectos que su país debe resolver en materia de derechos humanos.
Otro asunto relevante se refiere a los hechos delictivos y de corrupción en que incurren cuerpos policiales.
"La depuración integral de todas las policías es fundamental en Venezuela", para conseguir "una policía que persiga el delito dentro del marco de la Constitución, que mantenga un espíritu de estricto apego a los derechos humanos y que no sea una policía que, asociada a grupos irregulares, participe en secuestros y extorsiones", dijo el defensor.
Según las últimas cifras presentadas por el Ministerio de Relaciones Interiores, hay 800 expedientes contra uniformados por hechos irregulares, 450 uniformados destituidos y 155 policías detenidos.
Despidos por razones políticas
Poco después, 30 empleados del estado de Bolívar, —en el sur— donde se encuentran las empresas básicas, denunciaron despidos ante la Asamblea Nacional.
Saab se manifestó en desacuerdo con esa medida del PSUV, pero aseguró que, hasta el momento, su despacho no ha recibido denuncias de personas destituidas por razones políticas.
"Si las recibimos, tramitaremos los casos", prometió.
Sin embargo, un grupo de trabajadores de la estatal Siderúrgica del Orinoco manifestaron a esta agencia haber denunciado sus despidos ante la sede de la Defensoría en Bolívar.
Los despidos por razones políticas están prohibidos por el Convenio 111 sobre discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito y ratificado por este país suramericano.
"Chile no puede dar clases de DDHH"
La Defensoría ha hecho diligencias para acompañar a los abogados de Jatar y "mejorar su estadía en ese lugar de reclusión, pese a los regímenes internos de adaptación que tienen los centros", dijo Saab.
El caso generó tensiones con Chile y su canciller, Heraldo Muñoz, llegó a declarar que su cartera velaría por los derechos humanos y el debido proceso de los chilenos en el exterior.
Para Saab, Chile no está en condiciones de "dar clases" de derechos humanos a Venezuela cuando "posee una Constitución pinochetista", en referencia a la carta magna aprobada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Jatar, director del diario digital Reporte Confidencial, fue uno de los primeros en informar sobre un cacerolazo contra el Gobierno de Nicolás Maduro en la Isla de Margarita, por lo que, según su familia, fue detenido.
