Según el funcionario, a la política de reintegración del Gobierno colombiano han ingresado casi 15.868 personas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 29.745 de las autodefensas (paramilitares), y casi 3.056 de la también guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), de los cuales cerca de 14.000 han terminado con éxito el proceso.
Lo anterior significa que esos 14.000 han cumplido en un 90% con los programas de atención psicosocial, alfabetización y formación para el trabajo que exige el Gobierno.
Los apoyos económicos "han sido fundamentales para que los excombatientes puedan adquirir nuevas habilidades y competencias, regresar a la vida civil y construir un proyecto de vida en la realidad", dijo Mitrotti.
Renta básica de 210 dólares mensuales
Esta ayuda se empezará a otorgar una vez culmine el proceso de dejación de armas, es decir, en los primeros meses de 2017.
Asimismo, recibirán un solo importe de dos millones de pesos (unos 690 dólares) correspondientes a una "asignación única de normalización", y cada integrante de las FARC tendrá derecho por "una vez a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo por la suma de ocho millones de pesos (unos 2.722 dólares)".
Críticas desde sectores de la oposición
Ante esos cuestionamientos Mitrotti señaló que el monto de los auxilios económicos se mantienen prácticamente invariables desde 2006, a pesar de la depreciación del peso colombiano.
Además, el plan asistencialista ha ido evolucionando y ahora tiene exigentes que antes no existían como el compromiso de estudiar o asistir al psicólogo.
"Retornar a la vida civil implica una serie de gastos de primer orden, como son pagar un arriendo o comprar algo de ropa, para lo cual se ha previsto una partida de entre 400.000 y 450.000 pesos (entre 140 y 157 dólares) para los dos primeros meses, más 200.000 (unos 70 dólares) como un único pago en ese periodo", dijo Mitrotti.
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Cada excombatiente deberá estar registrado en alguna entidad financiera, las cuales han abierto el espacio y han roto barreras de acceso al mercado financiero de esta población.
