"Es necesario que estén informados de estas nuevas formas de amenaza de terrorismo (…) donde nosotros tenemos que desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para combatir actos terroristas en nuestro país", señaló el ministro.
Reverol informó a los diplomáticos que el Gobierno logró neutralizar el plan "terrorista".
El funcionarios venezolano señaló a la prensa que en una profunda investigación se localizaron armas de guerra, municiones de diferentes calibres, prendas militares, y un fusil 556, que se presume, serían utilizados para provocar un golpe de Estado.
"Se localizaron… armas de guerra, municiones de diferentes calibres y prendas militares, un fusil 556, para uso de francotiradores de alta precisión, con un alcance de 1.500 metros…, lo que nos lleva a presumir que iba a ser utilizado para asesinatos selectivos en la concentración del primero septiembre… para provocar un golpe de Estado, como lo han hecho en otros países", dijo el ministro.
De acuerdo a Reverol, esas armas fueron incautadas en campamentos improvisados, conocidos como "cambuches", en los que había evidencia de presencia de grupos paramilitares.
En poder de Ceballos se encontró un dispositivo de almacenamiento en el cual, según indicó el ministro Reverol, se detallaba un plan golpista y la ubicación de grupos paramilitares en las adyacencias del palacio de Gobierno.Reverol informó en un mensaje transmitido por el canal del estado Venezolana de Televisión, que en el dispositivo de memoria se encontró un archivo denominado "1-S", que contenía un mapa geográfico de Caracas y especificaba las responsabilidades directas que tendría cada uno de los implicados en el plan.
Entre ellos figuraban Carlos Melo y Yon Goicoechea, ambos detenidos esta semana por el SEBIN con explosivos y otros "materiales subversivos", según notificó Reverol.
El Gobierno venezolano señaló que las averiguaciones por este caso continúan y no se descartan nuevas detenciones.
Todos los implicados en estos hechos, integran el partido derechista Voluntad Popular, fundado por el político Leopoldo López, quien cumple una condena de casi 14 años de prisión por los hechos violentos registrados en las movilizaciones de febrero de 2014.