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Fundaciones oficialistas indagadas no muestran balances a la justicia

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BUENOS AIRES (Sputnik) — La Inspección General de Justicia (IGJ) de Argentina confirmó el lunes que las fundaciones vinculadas al partido de Gobierno de Mauricio Macri que están siendo investigadas no presentaron sus balances contables, anunciaron a Sputnik Nóvosti fuentes judiciales.

“Las fundaciones no presentaron balances, según la documentación enviada por la IGJ”, indicaron las fuentes.

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El juez federal Ariel Lijo recibió los legajos de varias fundaciones vinculadas al PRO, el partido de Gobierno de Mauricio Macri con el que el gobernó la ciudad de Buenos Aires de 2007 a 2015 y es la base de la coalición de Gobierno, Cambiemos (derecha), con la que el mandatario se presentó a las elecciones generales de 2015.

Las entidades Suma, Fundar Seguridad y Justicia, Crecer y crecer, y Forma informaron de la constitución de sus sociedades, la designación de directores y los cambios que se produjeron pero, en la documentación presentada no figura ningún balance, lo que constituiría una situación irregular, según las fuentes judiciales.

La vicepresidenta argentina Gabriela Michetti preside la fundación Suma, cuyo directorio también integran otros referentes del Gobierno como el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el ministro del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

La IGJ también informó al juez Lijo que en las últimas horas recibió información que aún no ha sido examinada.

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El magistrado aguarda la remisión de las declaraciones juradas de Michetti de los períodos 2014 y 2015 para analizarla junto a los datos que envió la Oficina Anticorrupción, una secretaría dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En los próximos días, el juez también pedirá las presentaciones patrimoniales de la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, ya que Michetti refirió que los 50.000 dólares robados en su casa provenían de un préstamo suyo.

La justicia, que imputó en julio a la vicepresidenta por un posible delito de acción pública, investiga el origen de los fondos que fueron sustraídos de su vivienda particular el 22 de noviembre de 2015.

La causa se originó a raíz de la denuncia de un abogado que sospechó que los 50.000 dólares y 245.000 pesos (16.400 dólares) que le fueron robados a la entonces vicepresidenta electa podrían tener un origen ilícito.

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