Organizados políticamente, tienen una decena de escaños parlamentarios gracias a su alianza con Morales, además de diversos puestos de responsabilidad en el ejecutivo.
En estos últimos diez años, los cooperativistas lograron "una serie de dádivas y beneficios otorgados por el propio Gobierno, pero a raíz de la caída de los precios de los minerales a nivel mundial han empezado a ver que no ha dado ningún salto cualitativo a futuro, porque su sistema de explotación sigue siendo arcaico, similar al del siglo XVIII", señala el politólogo Franklin Pareja, entrevistado por Sputnik Nóvosti.
De acuerdo con datos oficiales, en el país existen unas 1.700 cooperativas mineras de las cuales 1.000 están dedicadas a la explotación del oro, uno de los negocios más lucrativos del país.
Los cooperativistas han presentado un pliego de reivindicaciones, que incluyen puntos litigiosos relacionados con la ley, que tienden a mantener las ayudas en forma de crédito que reciben, así como las subvenciones al consumo eléctrico.
También se oponen a que el Estado regule el sector a la hora de repartir las concesiones o de definir medidas medioambientales.
Para el analista Pareja, actualmente el sector tiene bajos niveles de eficiencia y por eso su única solución es acudir al Estado "para tratar de sacar más dádivas, menos cánones de regalías, mayores ventajas en tarifas eléctricas y mayores concesiones, sin haber realizado exploración de nuevos yacimientos".
Así, los que fueron etiquetados por el propio presidente Morales como "el ejército de guardatojos (cascos de mineros) que defiende el proceso de cambio", se han convertido en las últimas semanas en el peor enemigo del Gobierno, en un elemento conspirativo que se ha desbordado por completo.