La organización se refirió de manera concreta a los enfrentamientos que hubo la semana pasada entre esos dos protagonistas del conflicto armado en Colombia, "pese a la reacción de las Fuerzas Militares para mitigar el impacto", por lo que el organismo llamó la atención "sobre las delicadas condiciones de vulnerabilidad que afrontan las comunidades indígenas y afrocolombianas en esa región".
Asimismo, advirtió que identificó "un claro escenario de riesgo" para otros 700 habitantes de una población vecina, "donde la presencia del frente Cacique Calarcá del ELN y los Gaitanistas (como se hacen llamar los integrantes del Clan del Golfo) ha estado marcada por el uso de bienes civiles para resguardarse y las amenazas constantes a quienes se encuentran en esos asentamientos".
Sumado a lo anterior, 110 familias más permanecen confinadas, ya que la guerrilla restringe la movilidad y actividades cotidianas como la caza y la recolección de alimentos, precisó la Defensoría.
Además, el pasado jueves hombres del ELN y del Clan del Golfo incursionaron en un resguardo indígena y sostuvieron enfrentamientos armados "resultando muertas dos personas, al parecer combatientes", precisó el organismo estatal, que señaló que en esa comunidad 458 habitantes "son víctimas constantes de la presión de uno y otro grupo".
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio del Interior "para que se adopten las medidas correspondientes", al tiempo que anunció la realización, este martes, de una audiencia pública de seguimiento a la situación de derechos humanos en el Chocó.
El 30 de marzo la delegación de paz del Gobierno junto con su par del ELN (Ejército de Liberación Nacional) anunciaron en Caracas la agenda que conformaría el proceso de paz en su fase pública, luego de que la administración del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, empezó a desarrollar diálogos exploratorios con esa guerrilla desde 2014.
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Sin embargo, el proceso se truncó luego de que el Gobierno exigió al ELN que cesara los ataques terroristas a la infraestructura del país y que dejara en libertad a todos los secuestrados que mantiene, lo cual fue objetado por el grupo insurgente, que señaló que esas nunca fueron condiciones previas para sentarse a la mesa y que como tal deberían ser temas a tratar en el desarrollo de las negociaciones de paz.
Por su parte, el Clan del Golfo surgió tras la desmovilización masiva de paramilitares entre 2003 y 2006, en el marco de un proceso impulsado por el gobierno del derechista Uribe (2002-2010) que les ofreció beneficios legales, pero que en algunos casos derivó en la creación de organizaciones criminales.
