"De la sentencia de la Corte Constitucional relativa al plebiscito, se desprende que se deben otorgar a los ciudadanos 'todos los elementos de juicio necesarios para una decisión consciente e informada'", señala Ordóñez en su misiva, con fecha del pasado lunes pero dada a conocer públicamente este martes.
A lo largo de la extensa misiva, Ordóñez indaga acerca de cómo se dará la dejación de armas y la desmovilización de los combatientes, y también de qué manera se realizará la ocupación de las zonas veredales y la protección que se les brindará a los guerrilleros en los citados campamentos.
El Procurador General de Colombia cuestiona también el hecho que en el acuerdo del pasado 23 de junio no se emplee la palabra "desmovilización".
"¿Por qué el acuerdo no incluye la palabra desmovilización, ni su definición? ¿Qué entiende el Gobierno por 'desmovilización'? ¿Las FARC comparten el mismo concepto? ¿Las FARC aceptan expresamente que se desmovilizarán?", preguntó Ordóñez.
"¿Qué sucederá con los miembros de las FARC el día D+181, esto es, un día después de que hayan finalizado las zonas de ubicación? ¿Se quedarán en las zonas? ¿Se trasladarán con absoluta libertad hacia otros lugares del país? ¿Estarán ubicados en lugares específicos para responder ante la administración de justicia por delitos y los crímenes de lesa humanidad de guerra en los que participaron?", escribió Ordóñez en su misiva.
Dicho conflicto, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y grupos narcotraficantes, es el más antiguo del continente y ha dejado unos 300.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados, según reportes oficiales.
