"No es sólo un desafío institucional, es un desacato al Tribunal Constitucional", señaló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno considera que Focardell pudo incurrir en un delito por desacato al hacer "caso omiso" a una sentencia y un auto del TC que recomendaban al Parlamento de Cataluña bloquear acciones contrarias a la norma constitucional.
Soraya Sáenz de Santamaría informó tras el Consejo de Ministros de que la petición de acciones penales contra Forcadell es uno de los puntos del incidente de ejecución que el Gobierno aprobó presentar ante el TC.
El incumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional puede conllevar canciones de entre 3.000 y 30.000 euros además de la suspensión de funciones por un tiempo indeterminado.