"La Dirección Especializada contra la Corrupción (de la Fiscalía) logró que cuatro familias (de un total de quince de la etnia) wayúu autorizaran la exhumación de los cuerpos de cuatro menores fallecidos en el último año", señaló la Fiscalía en un despacho enviado a la prensa.
Las diligencias se realizarán en el mes de agosto para tratar de establecer las causas de las muertes y establecer posibles responsabilidades penales, precisó el organismo.
La investigación de la Fiscalía busca determinar si pudo existir una eventual negligencia por parte de los padres de los menores y verificar si las muertes fueron producto de una deficiencia en la alimentación, ya que las mismas se presentaron en medio de un escándalo de corrupción en contratos del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el suministro de alimentos en esa región del país.
Al respecto, la Contraloría General de la Nación presentó este martes un informe en el que señaló que después de terminar un proceso de fiscalización al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y a los Paquetes Nutricionales financiados con recursos del Estado a la Gobernación de La Guajira, se pudo concluir que la defraudación alcanza los 16.792 millones de pesos (unos 5,59 millones de dólares).
Debido a ese hecho, decenas de niños habrían muerto en los últimos años, pese a lo cual los contratistas de la Gobernación de La Guajira que desviaron los recursos en el periodo 2014-2015 son las mismas fundaciones sin ánimo de lucro que hoy en día, aun habiendo sido cuestionadas por su gestión, se han unido en diferentes consorcios para monopolizar las contrataciones, señaló la Procuraduría.
El pasado diciembre, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) solicitó al Gobierno de Colombia la adopción de medidas cautelares a favor de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao, del pueblo indígena wayúu, en el departamento de La Guajira, quienes se encontraban en riesgo debido a la falta de acceso a agua potable y alimento en la región.
"La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios se encontrarían en riesgo debido a la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición de niños y niñas de la comunidad. Según la información de la solicitud, esta situación habría causado la muerte a 4.770 niños y niñas durante los últimos ocho años", precisó la CIDH en un comunicado con fecha del 16 de diciembre de 2015.
Tras esa misiva, el Gobierno colombiano se comprometió a buscar alternativas que permitieran avanzar en las estrategias planteadas por la comunidad wayúu y suplir sus necesidades. Sin embargo, más muertes de menores se han presentado en las últimas semanas como consecuencia de la desnutrición.
