Si bien la Asamblea Nacional puede enjuiciar políticamente a Espinosa y "tachar sus errores políticos", una posible destitución quedará únicamente en manos del presidente Rafael Correa, señaló Salgado, legislador de oposición e integrante de la Comisión de Fiscalización que estudia el caso.
El 16 de julio Correa dio su respaldo al ministro de Educación al señalar que la intención de un juicio político en su contra es una estrategia de "distracción de la oposición", pues asegurar todos los bienes del Estado "es imposible o indeseable".
El ministro Espinosa, sin embargo, insiste en que no existe un procedimiento que exija a los funcionarios asegurar los bienes del Estado ya que "ni la Constitución ni las leyes obligan a la contratación de seguros (…). Por más que intenten forzar el argumento, el reglamento no es ley", dijo en su intervención de este martes en la Asamblea Nacional, que fue transmitida en directo.
"La obligatoriedad de la contratación de pólizas es para bienes y servicios productivos. El Ministerio de Educación no tienen ningún bien productivo, porque un bien productivo es aquel bien que genera un flujo de ingresos", agregó el funcionario.
La Comisión de Fiscalización evaluará en estos días las pruebas de descargo del ministro y solicitará nuevas aclaraciones para determinar si el pedido de juicio se archiva o procede y pasa a debatirse en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La oposición calcula que no asegurar las unidades educativas le produjo al Estado un perjuicio por 900 millones de dólares tras el sismo de 7,8 grados que sacudió al noroccidente costero en abril.