Los parlamentarios Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana fueron impugnados por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado mes de enero, luego de que se revelara un audio sobre una presunta compra de votos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
En ese momento, la Asamblea Nacional juramentó a los legisladores y fue declarada en desacato por el máximo tribunal de justicia y posteriormente los diputados pidieron su desincorporación.
Seis meses después, y cuando aún el proceso judicial está abierto, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, anunció la decisión de incorporarlos a la sesión ordinaria de este jueves.
Allup criticó que en solo 48 horas salió la sentencia sobre los 13 magistrados que pidió revocar, "mientras que para la decisión de reincorporar a los diputados de Amazonas se han tardado seis meses".
"El TSJ no decide nada (sobre los diputados de Amazonas) y eso que se trata de una medida cautelar. Fíjense el contraste", señaló.
Para el analista político Alberto Aranguibel la Asamblea Nacional debe respetar el proceso judicial.
En referencia a los magistrados revocados por el órgano legislativo y ratificados posteriormente por el TSJ, señaló que la magistratura "fue designada para cumplir un período y no puede estar sometida a los caprichos políticos de la Asamblea de turno".
Aranguibel sostiene que la situación en Venezuela está sometida a una tensión particular, que a su juicio, ha sido generada por el parlamento de mayoría opositora.
"Ellos consideran que ese triunfo circunstancial que tuvieron en las elecciones parlamentarias les da atribuciones supraestatales para ejercer poderes que no tienen, en la estructura del Estado", añadió el analista.
El analista político indicó que en seis meses los diputados "no han trabajado por el país", y que por el contrario, "se han dedicado a agudizar las tensiones políticas, económicas y sociales, despejando el cauce a organismos internacionales como la OEA (Organización de Estados Americanos), con el único objetivo de acabar con la revolución chavista".
El primer semestre del Poder Legislativo con mayoría opositora tiene la marca de las continuas pugnas con el Ejecutivo y el Judicial.
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Las leyes emanadas por la Asamblea Nacional van y vienen, sin ser aprobadas por el presidente Nicolás Maduro ni por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha considerado inconstitucionales la mayoría de los textos legislativos aprobados por la bancada opositora.
