La Fiscalía, sin embargo, desestimó los recursos de apelación del ex presidente, de la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau contra la instrucción de la causa por la consulta, y mantiene la acusación contra ellos por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, aunque deja a un lado los posibles delitos de malversación de caudales públicos.
Según los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, Mas, Ortega y Rigau no deben responder al delito de malversación "porque la contratación de todos los servicios para la consulta del 9-N fue anterior a la suspensión del Tribunal Constitucional".
Finalmente, el magistrado del TSJC, Joan Manel Abril, les enviará al banquillo de los acusados "por desobediencia al Tribunal Constitucional y por prevaricación".
La consulta se celebró el 9 de noviembre de 2014 entre una gran polémica por la decisión del Tribunal Constitucional.
En este proceso participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
