"Creo que hay una mala interpretación de los jaulones, las personas estaban ahí de forma recreativa transitoria al aire libre", justificó Orellana en declaraciones a la emisora La Once Diez.
La jueza de Ejecución Penal de Mendoza, Mariana Gardey Merino, ordenó la semana pasada que con carácter "urgente" se llevaran a cabo reparaciones en dos alas de una de las prisiones denunciadas, el Complejo Penitenciario de Almafuerte.
Las jaulas fueron construidas "con la anuencia de la jueza que ahora lo objeta", objetó el director del Servicio Penitenciario.
Denuncia penal
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Cámara Federal de la ciudad de Mendoza habían denunciado penalmente no sólo a las autoridades del Almafuerte, sino también a los representantes de otros dos centros, el Boulogne Sur Mer, y el San Felipe.
En una visita que realizada en junio, el Sistema Interinstitucional de Control de Unidades Carcelarias encontró a tres internos encerrados a la intemperie en una celda sin paredes, "cuyas estructuras y materiales coinciden exactamente con las de una gran jaula", a pesar de las bajas temperaturas que atraviesa esa provincia por el invierno.
Pena inhumana y degradante
Los presos pasan 23 horas en las celdas, no pueden acceder a ninguna actividad psicoterapéutica, educativa o laboral, y no tienen contacto con el mundo exterior salvo por algunas visitas, "tornando el encierro en un aislamiento que supera lo tolerable y convierte a la pena en inhumana y degradante de la dignidad humana", afirmó la magistrada en su fallo.
"Estas situaciones colocan en riesgo la salud de los detenidos", señalaron en su informe los fiscales generales de ambas instituciones, Miguel Palazzini y Dante Vega.
Director negó las acusaciones
En su entrevista este martes, el director de la prisión de Almafuerte negó las acusaciones y afirmó que "la gente del servicio penitenciario come la misma vianda que los presos, a los baños los limpian los mismos presos y el sistema de salud que brindamos es bueno".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó en mayo de 2015 un amparo contra los complejos penitenciarios de Almafuerte y San Felipe para garantizar la vida y la seguridad de los reclusos, que "comerían con las manos, defecarían en bolsas y orinarían en botellas", según señaló el organismo en su informe, al advertir además sobre las torturas y muertes sospechosas que se produjeron en los penales.