El Gobierno de Macri deberá dar respuesta a estos requisitos a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
El pasado jueves, un juez anuló las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería sobre los aumentos del gas y la electricidad, y ante ello el Gobierno presentó ante la Corte un recurso de per saltum, que permite saltar instancias judiciales para acudir de inmediato al máximo tribunal, sin necesidad de pasar por cámaras de apelaciones.
El Ejecutivo debe dar cuenta de cómo quedaría conformado el esquema tarifario final.
La Corte también exigió información sobre los "los parámetros tenidos en cuenta para alterar el alcance de la tarifa social y si la aplicación de la nueva normativa implica modificar la cantidad de beneficiarios de dicha tarifa".
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Por otro lado, el tribunal quiere conocer "los criterios que orientan la aplicación, o no aplicación, de la tarifa social para entidades de bien público, entidades solidarias sin fines de lucro, pequeñas y medianas empresas, en particular las directamente vinculadas a las economías regionales."
El Gobierno también debe informar sobre "si se establecieron bandas tarifarias o segmentaciones según la distancia en relación con los centros de producción, transporte y distribución y, en su caso, explique los fundamentos técnicos que justificarían esas modificaciones".
La Corte recordó que cuenta con las atribuciones necesarias para disponer medidas para obtener información antes de adoptar una decisión de fondo.
Esas medidas fueron ordenadas en el marco de una causa que impulsaron asociaciones de la provincia de Mendoza contra el Estado argentino.
El Gobierno anunció el lunes una subida máxima del 400% en las facturas residenciales, con miras a la sesión que tenía programada para este martes la Corte Suprema.
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El máximo tribunal se pronunciará en agosto sobre el fallo del juzgado federal de la ciudad bonaerense de La Plata (este) que suspendió los aumentos en las tarifas de gas y electricidad.