"Nosotros valoramos las pruebas que nos trajeron y en base a eso fallamos", dijo el juez Ramón Trinidad Zelaya en una conferencia de prensa que fue transmitida en directo por el portal de la Corte Suprema de Justicia.
La justicia de Paraguay condenó a penas de entre cuatro y 30 años de prisión a los 11 campesinos acusados de la muerte de seis policías en la ciudad de Curuguaty (este) en junio de 2012, por los delitos de homicidio doloso e invasión de inmueble, entre otros.
Sin embargo, ningún oficial de policía fue imputado por los hechos en los que murieron también 11 campesinos durante el desalojo de trabajadores rurales que ocupaban un territorio en protesta por la escasez de tierras para el cultivo.
Al ser preguntado por la prensa sobre las muertes de los 11 campesinos, el juez Zelaya indicó que "la investigación está en la Fiscalía de derechos humanos" y que, por tanto, no compete a su tribunal.
La masacre, cuya investigación estuvo plagada de irregularidades, según denunciaron la defensa de los campesinos y organizaciones civiles, motivó un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo, que culminó con su destitución.
Por su parte, el abogado defensor, Víctor Azuaga, solicitará la nulidad de la sentencia, ya que, aseguró, no tiene validez, al no estar presente una de las condenadas durante la lectura del fallo, informó el medio local Última Hora.
La lectura del fallo fue interrumpida por familiares de los condenados y simpatizantes que se encontraban en la sala, que reclamaban justicia y libertad para los campesinos, lo que obligó a un receso de 20 minutos.
"Libertad, libertad a los presos por luchar. No tenemos miedo", se escuchaba entre los gritos de los asistentes al juicio.
La lectura íntegra de la sentencia se realizará el lunes 18, informó el Tribunal.