El presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade, dijo que el funcionario tomó la decisión luego que la revista The Clinic publicara una investigación que lo involucra en delitos de lesa humanidad cometidos en el Estadio Nacional de Santiago en 1973.
Una vez dado el golpe de Estado contra el Gobierno del socialista Salvador Allende, la dictadura chilena utilizó durante dos meses las instalaciones del estadio como centro de detención y tortura de presos políticos.