"El más elemental sentido común torna necesario que se avance sobre las sospechas que vinculan a la procedencia ilícita de los bienes, con la larga lista de adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron a empresas de Lázaro Báez, en forma paralela a las relaciones —cuanto menos— personales y comerciales que lo unían con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional", señala el tribunal en su resolución.
Los tres jueces del tribunal señalaron que "la sospecha sobre el origen delictivo de esos fondos aparece expuesta claramente a partir de la fundamental actividad económica del principal imputado hasta ahora (la construcción), gestada a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos (personales y comerciales)" con los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Báez "habría dejado de ser un empleado bancario para convertirse en un empresario contratista del Estado dueño de un importantísimo patrimonio" a partir de "la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a lo largo de los mandatos de ambos", añade la resolución.
En cuanto a Fernández, "la información disponible muestra que existieron, en forma continuada y repetida, vínculos —al menos— comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces Presidenta de la Nación", afirmó la Cámara en su fallo.
Por ello pidió "avanzar sin más demoras sobre las sospechas que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo anterior, el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas".
Báez fue procesado a principios de junio en otra causa por intentar reingresar al país casi 33 millones de dólares a través de la compra de bonos en Suiza entre finales de 2012 y abril de este año.
Ese dinero fue depositado en una cuenta de su empresa Austral Construcciones y procedía de la firma suiza Helvetic Services Group, que compró la financiera SGI.
Su procesamiento en este proceso todavía no ha sido confirmado por la Cámara Federal.
