Tras ser aprobada hace dos semanas en la Cámara de Diputados, se espera que la iniciativa sea aprobada con el apoyo del oficialismo y de la coalición opositora Frente para la Victoria (FpV), que apoyó el dictamen de mayoría de la Cámara Alta la semana pasada.
El proyecto habilita el pago de las deudas pendientes a jubilados y pensionados al margen de que se hayan o no querellado contra el Estado por una mala liquidación de sus haberes.
Existen unos 300.000 juicios por reajuste de haberes que los jubilados interpusieron contra el Estado por la falta de actualización de sus pensiones desde la crisis de 2001, principalmente entre los años 2002 y 2006.
Aunque el pago de los juicios pendientes y retroactivos a los jubilados se hará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Gobierno dejó la puerta abierta para poder vender en un futuro las acciones de empresas privadas en poder de la Seguridad Social argentina.
El Ejecutivo también manifestó su voluntad de pagar a unos 700.000 jubilados que no recurrieron a los tribunales y podrían reactivar su reclamo por vía judicial.
El proyecto de ley beneficiará a unos 2,5 millones de jubilados, según el Gobierno. La iniciativa parlamentaria contempla una "Pensión Universal a la Vejez", que otorga el 80 por ciento del haber mínimo a los mayores de 65 años, sin que sean un condicionante los años que hayan cotizado.
