La máxima instancia judicial europea entiende que el sistema español "no asegura que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado por los usuarios de copias privadas".
El tribunal considera que la compensación a los autores financiada por los Presupuestos Generales del Estado, y no por los usuarios, no es legal.
El Gobierno de Rajoy aprobó esta polémica medida nada más llegar al poder, el 31 de diciembre de 2011, tan solo unos días después de llegar al Gobierno.