"Ella se fue a hacer un trabajo periodístico de su propia voluntad, que se reunió con el ELN, que el ELN está esperando cómo puede regresarla a la libertad, a su trabajo normal, pero esa información la estoy verificando", dijo Santos en una alocución en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó (suroeste), según informó Presidencia de la República.
Respecto al periodista del canal local Noticias RCN, Diego D'Pablos, y su camarógrafo, Carlos Melo, quienes fueron vistos por última vez el lunes mientras cubrían la desaparición de Hernández en la misma región, el presidente colombiano señaló que pueden estar en la misma situación que la comunicadora, quien es corresponsal del diario español El Mundo y columnista de El Tiempo.
"Allá está el comandante del Ejército (general Alberto José Mejía) y el director de la Policía Nacional (general Jorge Nieto) en todas las operaciones para dar con el paradero tanto de los dos reporteros de RCN Televisión y de Salud Hernández Mora, para que muy pronto ojalá estén nuevamente ejerciendo su profesión de periodistas en libertad".
Sin embargo Santos no se pronunció al respecto.
El rastro de Hernández se perdió el pasado sábado en la tarde mientras realizaba una investigación periodística en una convulsionada región del nordeste de Colombia conocida como el Catatumbo.
La zona, fronteriza con Venezuela, es una región selvática en la que operan distintos grupos armados, especialmente el ELN y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), un reducto del Ejército Popular de Liberación y grupos armados organizados dedicados al narcotráfico.
La razón, según los analistas y críticos del Gobierno, es que de llegar a admitir que se trata de un secuestro, podría afectar los acercamientos que se buscan con esa guerrilla para alcanzar un proceso de paz similar al que se adelanta con las FARC en La Habana, Cuba, desde noviembre de 2012.
Precisamente las negociaciones de paz con el ELN no han pasado a la fase pública en razón de varias diferencias surgidas en el proceso, entre ellas la negativa de la organización de dejar en libertad a todos los secuestrados que tiene en su poder e interrumpir los atentados terroristas, lo cual es una exigencia del Gobierno para sentarse en la mesa de diálogos.