"Ese decreto es inconstitucional y lo que hará será mantener el error y agravar la pobreza en que vive Venezuela", dijo el jefe de la bancada opositora, Julio Borges, al proponer el rechazo al decreto del presidente.
El diputado oficialista Ricardo Sanguino insistió en que el decreto de Maduro "está hecho para que el Gobierno pueda tomar medidas para proteger los logros sociales".
Maduro, quien mantenía una emergencia económica desde enero, decretó otro estado de excepción y emergencia económica por 60 días a partir del pasado 13 de mayo, asumiendo poderes extraordinarios para intervenir en todas las actividades económicas y tomar mayores medidas de orden público cuando observe conatos de desestabilización.
Los decretos de emergencia dictados por Maduro fueron rechazados por el Parlamento, pero luego los validó el Tribunal Supremo de Justicia, y el presidente los ejecutó guiándose por el dictamen del poder judicial y desechando el del legislativo.
Un acuerdo de la Asamblea subrayó que el decreto "profundiza el abandono del orden democrático y constitucional", sobre todo porque desaplica normas de la Constitución, según la mayoría de los oradores de la oposición.
Venezuela registra recesión, una escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales que firmas privadas estiman entre el 60 y el 70 por ciento, una carestía tras registrar en 2015 una inflación de 180 por ciento y la existencia de un mercado negro que el presidente Maduro prometió combatir junto a organizaciones populares.
