"A ningún presidente en más de 200 años de vida independiente se le había ocurrido desaplicar la Constitución por decreto; a Nicolás Maduro se le ocurrió", dijo el presidente de la Asamblea, el socialdemócrata Henry Ramos, al cerrar el largo debate.
El Gobierno del presidente izquierdista Nicolás Maduro y el parlamento opositor sostienen una dura confrontación y el Tribunal Supremo ha anulado 14 leyes y decisiones que ha tomado la Asamblea desde que en enero se instaló la legislatura 2016-2021.
Aludió así a un decreto de la semana pasada que desaplicó, en el marco de una emergencia económica ordenada por el Gobierno, la facultad parlamentaria de dar votos de censura a ministros, lo que acarrea su destitución cuando es por mayoría calificada.
El emplazamiento parlamentario a los demás poderes comenzó instando a Maduro para que "libere los presos políticos y acepte la ayuda humanitaria en alimentos y medicinas", un pedido de la Asamblea que ha rechazado el Gobierno.
Los parlamentarios rechazaron "el activismo político partidista de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia", una cámara de siete jueces que ha anulado prácticamente todos los actos del Legislativo.
Al Consejo Electoral, cuatro de cuyos cinco directivos son pro-oficialistas según los medios de prensa privados, el parlamento exigió que "asuman su obligación de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho a la participación política".
Ese llamado se refiere al referendo que puede revocar el mandato del presidente Maduro, un proceso que la oposición aspira a desarrollar este año.
Lea también: Parlamentarios venezolanos encabezan firmas para un revocatorio contra Maduro
El texto cerró con un llamado a que se pronuncien sobre la confrontación entre poderes y la democracia en Venezuela la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el Parlamente Latinoameriano y los organismos de integración regional.