El 1 de marzo de 1954, EEUU explosionó la bomba de hidrógeno, Castle Bravo, en el atolón Bikini, ubicado en el Pacífico. La explosión resultó en una grave contaminación radioactiva de la zona alrededor del lugar de la prueba.
Los militares estadounidenses no difundieron advertencias sobre su prueba nuclear. Esto, junto con el viento que iba en dirección de las islas pobladas y un poderío de la bomba mayor de lo calculado, resultó en que muchas personas recibieran grandes dosis de radiación.
Así, unos 45 familiares de los pesqueros japoneses afectados por la radiación, decidieron presentar una demanda por la indemnización de los daños infligidos a causa del régimen de confidencialidad que rodeó el asunto.
Exigen al Gobierno de Japón el pago de hasta 2 millones de yenes (aproximadamente 19.000 dólares) para cada uno de los solicitantes.
Esta demanda es la primera de este tipo en la práctica judicial de Japón, ya que busca una indemnización por el daño hecho por una tercera parte.